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En Nicaragua, el Parlamento aprobó por amplia mayoría un decreto de disolución para cinco ONG del país, acusadas de haber desempeñado un papel de apoyo organizativo y liderazgo político en las protestas, que el Legislativo, caracterizó como intento de golpe de Estado. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que organizaciones civiles de defensa de los derechos civiles son perseguidas y castigas por el gobierno Ortega-Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el cierre de espacios democráticos y el agravamiento de una nueva etapa de la represión en Nicaragua tendiente a silenciar, intimidar y criminalizar a las voces opositoras al Gobierno, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en el país. Dina Díaz, presidenta de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, aseguró que uno de los más aliados y de los grandes culpables de lo que está pasando en Nicaragua es la empresa privada, seguida del ejército. "El ejército de Nicarag